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  • MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017
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  • Verificentros Suspendidos.Foto:@PROFEPA_Mx
  • Suspendió 52 líneas de medición de emisiones en 14 de 17 verificentros inspeccionados durante la primera jornada
  • La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendió 52 líneas de medición de emisiones en 14 de 17 verificentros inspeccionados durante la primera jornada de revisión de cumplimiento de la NOM-167 emergente, en los seis estados que comprenden la Megalópolis.

    Fueron remitidos 9 vehículos particulares al corralón en la zona conurbada de la Ciudad de México y se infraccionaron dos tractocamiones en la entrada de la Ciudad de México por la carretera a Querétaro.

    Durante el primer día de la entrada en vigor de la norma emergente que establece nuevas condiciones para la verificación vehicular en los verificentros, las 16 brigadas conformadas por 64 inspectores federales y abogados (conformadas por 3 inspectores y un abogado cada una), iniciaron las visitas de inspección a los 447 verificentros de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, mismos que habrán sido visitados antes de terminar la vigencia de esta norma el 31 de diciembre próximo.

    Durante el mes de julio se llevarán a cabo entre 128 y 160 visitas de inspección a igual número de centros de verificación vehicular en los seis estados que conforman la megalópolis.

    El titular de PROFEPA, Guillermo Haro Belchez, junto con funcionarios de la dependencia, supervisó el trabajo de los inspectores en 3 verificentros de la ciudad de México y el Estado de México (uno para verificación de transporte público federal y dos para transporte particular), además de un puesto móvil con sensor remoto.

    Una vez realizado el trabajo técnico de los supervisores en los verificentros, se levanta un acta de inspección que se firma, se entrega copia al responsable del verificentro y se prepara el inicio de un procedimiento administrativo mediante un emplazamiento. De encontrarse irregularidades graves, como fue el caso, se procede a la clausura  de las líneas de medición de emisiones.

    El procedimiento administrativo garantiza el derecho de audiencia y plazos para presentar pruebas. Asimismo, puede establecer medidas correctivas y plazos para su cumplimiento. Una vez resuelto puede imponer sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad.

    BPG

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