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  • SáBADO 21 DE OCTUBRE DE 2017
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  • En junio de 2015, la ley del trabajo prohibió la labor agrícola de menores. Foto: Especial
  • MARTHA ALEJANDRA GUZMÁN

    David Salgado murió hace 10 años el Día de Reyes. A sus nueve años, Melchor, Gaspar y Baltasar no lo visitaron en el campo de jitomate en Culiacán, Sinaloa, donde el pequeño dejó su infancia y su vida mientras trabajaba junto con su padre y un tractor lo atropelló.

    “La muerte de David vino a visibilizar lo que era invisible: el trabajo infantil, porque ese siempre ha estado,” acusó Isabel Margarita Nemesio, representantes de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.

    En México hay cerca de 660 mil 135 niños trabajando en actividades agrícolas, mismas que en junio de 2015 la Ley Federal del Trabajo tipificó como una actividad peligrosa y que prohíbe la mano de obra de menores de 18 años, así lo detalló Manuel Othón Oliver, director de Igualdad Laboral para Jornaleros Indígenas, Jóvenes y Personas Privadas de su Libertad, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

    En el foro Jornaleros y Jornaleras agrícolas presente y futuro, denunciaron las condiciones en las que tanto menores como adultos laboran, que ponen en riesgo su integridad física. Así como la corrupción que impera al momento de realizar las inspecciones.

    “En algunos lugares se paga para que no se den las inspecciones o sacan a los niños cuando éstas se hacen”, acusó Nemesio.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, 22 por ciento de los infantes que trabajan pertenece a un sector de la sociedad que enfrenta índices altos de pobreza –UNICEF reveló que en México más de 21 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) viven en pobreza extrema– y de ellos, 16 por ciento trabaja en condiciones laborales que los ponen en riesgo.

    Otro aspecto es el poco acceso a las instituciones escolares. En 2016 se estimó que, al menos, 4 millones de NNA no asisten a la escuela y 600 mil están en riesgo de deserción.

    A decir de Nemesio, las políticas públicas que el gobierno puso en marcha en materia de trabajo infantil no lograron resolver la problemática, sino que orillaron a los menores a trasladarse a campos de trabajo con condiciones aún más precarias.

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